Cláusula identificada en el portal
Se alquila para LARGA TEMPORADA (mínimo 11 meses) acogedor apartamento en la zona de la Rana Verde, en Chiclana de la Frontera, una ubicació Se alquila para LARGA TEMPORADA (mínimo 11 meses) acogedor apartamento en la zona de la Rana Verde, en Chiclana de la Frontera, una ubicación excelente y bien comunicada.
¿Por qué esta condición es contraria a la ley?
Obligar al inquilino a firmar un contrato de temporada (frecuentemente estipulado en 11 meses) cuando el inmueble va a ser destinado a su residencia habitual permanente constituye un fraude de ley manifiesto tipificado en el artículo 6.4 del Código Civil y una vulneración frontal del artículo 9 de la LAU.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo es unánime: la naturaleza del contrato de arrendamiento viene determinada por el uso y destino real de la vivienda, no por el nombre o duración que le otorgue el arrendador o la agencia. Para que un contrato de temporada sea válido debe concurrir, acreditarse y documentarse una causa real y justificada de temporalidad (por ejemplo: estancia académica en otra localidad o desplazamiento laboral justificado con fecha de retorno).
Si no concurre dicha causa, el arrendatario tiene pleno derecho a acogerse a las prórrogas forzosas obligatorias que garantiza la LAU: hasta 5 años si el arrendador es persona física, o hasta 7 años si es persona jurídica o fondo inmobiliario.
¿Qué debes hacer si te ofrecen o has firmado este piso?
Sigue esta hoja de ruta legal elaborada por el equipo de asesoría jurídica de FACUA:
No aceptes verbalmente la renuncia a tus derechos. Solicita que todas las condiciones se formalicen por escrito y exige que el contrato se ajuste a la LAU sin cobro de honorarios.
Conserva siempre el justificante bancario de la transferencia, la factura de la inmobiliaria y la captura del anuncio. Tienes derecho a la devolución íntegra del importe abonado indebidamente más los intereses legales.
En FACUA tramitamos las reclamaciones de reembolso para nuestros socios e interponemos denuncias sancionadoras ante las autoridades de Consumo autonómicas para castigar las malas prácticas del sector.
