FACUA · 29 de septiembre de 2025

Andalucía sigue minimizando la cuantías de las multas a inmobiliarias por cobrar honorarios a inquilinos: ahora, 1.500 euros a IGG

Tras la denuncia de FACUA, la autoridad de consumo de la Junta ha reducido el importe de la sanción calificando como leve una irregularidad que la ley estatal tipifica como grave. Además, no aplica a la empresa el comiso del beneficio ilícito obtenido desde que comenzó a incurrir en este fraude.

Andalucía sigue aplicando sanciones ridículas a las inmobiliarias que cometen fraudes masivos cobrando a los inquilinos por la gestión y formalización de los contratos. Tras la denuncia presentada por FACUA-Consumidores en Acción, la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Salud y Consumo ha impuesto una micromulta de 1.500 euros a IGG Inmobiliaria por realizar cobros ilegales a los inquilinos.

La asociación ha presentado un recurso en el que reclama que se eleve su importe. La autoridad andaluza de protección de los consumidores ha minimizado la cuantía de la sanción calificado como infracción leve una irregularidad que la ley estatal tipifica como grave y además ha decidido no aplicarle el comiso del beneficio ilícito obtenido desde que comenzó a incurrir en este fraude.

El pasado mes de mayo se cumplieron dos años de la entrada en vigor de la ley por el derecho a la vivienda, que introdujo una modificación en la normativa de arrendamientos urbanos por la que se prohíbe el cobro de cualquier tipo de honorarios a los inquilinos por parte de las inmobiliarias.

Solo han trascendido dos multas en dos años

Dos años en los que solo han trascendido dos multas de las comunidades autónomas. La de IGG Inmobiliaria es la segunda sanción de la que ha tenido conocimiento FACUA, que ha denunciado a varias decenas de agencias por cobros ilegales a inquilinos. La primera, también impuesta por Andalucía, fueron los 600 euros aplicados Adamas Home. Ninguna otra comunidad autónoma ha hecho pública hasta la fecha ninguna sanción frente a estas prácticas.

En el caso de IGG Inmobiliaria, en sus anuncios publicados a través de Idealista incluía que «no están incluidos en el precio los gastos de servicios, de intermediación, de representación y/o personal shopper inmobiliario que se contraten más su respectivo IVA».

Si bien la cuantía inicial de la sanción propuesta era de 7.000 euros al ser considerada como infracción grave, la jefa del Servicio de Consumo de Sevilla, Isabel María García Domínguez, ha resuelto finalmente que dicho importe «resulta desproporcionado». Así, ha aplicado atenuantes en base al artículo 79 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, aplicándose finalmente una ridícula sanción de 2.500 euros, enmarcada en el tramo inferior de las destinadas a infracciones leves.

Es más, en caso de reconocer las irregularidades y asumir el pago de la multa desistiendo de interponer un recurso, la empresa se beneficiaría de un descuento del 40% en su importe, por lo que la sanción por cobrar honorarios irregulares a los inquilinos se reduciría a solo 1.500 euros.

Rebaja inexplicable

FACUA considera inexplicable que Salud y Consumo haya rebajado la infracción a leve pese a darse las circunstancias por las que el artículo 72 de la ley autonómica de defensa de los consumidores establece que deben considerarse graves. Según esta norma, introducir cláusulas abusivas en los contratos es sancionable con hasta 60.000 euros. Así, no son irregularidades fruto de un error sino cometidas voluntariamente, tratándose además de una práctica habitual de la empresa en sus alquileres de viviendas y de no un caso puntual.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha publicado un comunicado en el que advierte de que el cobro de «gastos de formalización del contrato y de gestión inmobiliaria» o «cualquier otro cargo de análoga naturaleza» suponen una infracción «grave» de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios al suponer una cláusula o práctica abusiva. De aplicarse el régimen sancionador de la normativa estatal, las multas oscilarían entre 10.001 y 100.000 euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

FACUA recuerda que el artículo 20.1 de la ley de arrendamientos urbanos determina que «los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato serán a cargo del arrendador».

FACUA recurre la sanción

Ante esto, la asociación ha presentado un recurso para exigir a la Junta de Andalucía que califique la infracción como grave y eleve la cuantía de la multa —el arco en estos casos va de 5.001 a 60.000 euros—, además de incluir en ella el comiso del beneficio ilícito obtenido por la inmobiliaria con el cobro de honorarios a los inquilinos. Algo que según los artículos 77 y 79 de la ley puede hacerse ante infracciones graves donde concurran agravantes como tratarse de una práctica reiterada, que represente un importante beneficio económico para el infractor o que cause un grave perjuicio a los usuarios. La norma plantea que el comiso puede ser de hasta el décuplo de la cantidad defraudada.

Aunque FACUA presentó la denuncia en enero de 2024, la Junta no inspeccionó a IGG Inmobiliaria el pasado mes de octubre. En dicha inspección constataron que las irregularidades se continuaban produciendo, ya que en los anuncios advertía a los inquilinos de que «no están incluidos en el precio los gastos de servicios, de intermediación, de representación y/o personal shopper inmobiliario que se contraten más su respectivo IVA».

La resolución del expediente con la imposición de la multa ha llegado casi un año después de que se iniciase la inspección. Tras la sanción como consecuencia de la denuncia de FACUA, IGG Inmobiliaria ya ha dejado de incluir cláusulas abusivas en los anuncios de los inmuebles publicados a través de internet.

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