Cataluña impone una ridícula multa de 4.001 euros a la inmobiliaria Harper Real State por incluir cláusulas abusivas en sus contratos
La Agencia Catalana del Consumo abrió el expediente sancionador a la empresa a raíz de una denuncia de FACUA por cobrar honorarios a los inquilinos.
FACUA-Consumidores en Acción critica la ridícula sanción de 4.001 euros que la Agencia Catalana del Consumo ha impuesto a la inmobiliaria Harper Real State por no incluir la etiqueta de eficiencia energética en sus anuncios y por imponer la sumisión expresa a un juzgado distinto al correspondiente al lugar donde se encuentra la vivienda en caso de demanda en tribunales.
La asociación denunció a esta empresa en junio de 2023 por exigir a los interesados en arrendar una vivienda publicitada a través de su página web el pago de un mes de renta destinado a la propia agencia inmobiliaria por los supuestos servicios prestados.
La ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, deja claro «los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador». Sin embargo, Harper Real State incluía en sus anuncios la siguiente cláusula: «Un mes de comisión de agencia + IVA».
Si bien la Agencia Catalana del Consumo abrió un expediente sancionador a la inmobiliaria a raíz de la denuncia de FACUA, la administración ha decidido obviar y no sancionar a Harper Real State pese vulnerar los derechos de los consumidores con la imposición del pago de un mes de renta a los arrendatarios.
De este modo, ha cerrado el expediente sancionador con una irrisoria multa de 4.001 euros por incluir cláusulas abusivas en sus contratos: 1.000 euros por no introducir en sus anuncios inmobiliarios la etiqueta de eficiencia energética y 3.001 euros por, en caso de demanda en tribunales, imponer la sumisión expresa a un juzgado distinto al correspondiente al lugar donde se encuentra la vivienda. La sanción, además, se ha visto reducida al realizar la empresa el pago voluntario en la fase de propuesta de resolución.
FACUA considera que las escasas y ridículas multas impuestas por las autoridades autonómicas de consumo a inmobiliarias por imponer cláusulas abusivas como el cobro de honorarios a inquilinos están contribuyendo a que los fraudes no cesen.
Por todo ello, la asociación exige a la Agencia Catalana del Consumo que sea más contundente e imponga sanciones con cuantías mucho más elevadas, que sean ejemplarizantes, y que sirvan para que aquellas empresas que se sientan tentadas a vulnerar la normativa vigente dejen de hacerlo por el perjuicio económico que les supondría.
