FACUA · 26 de marzo de 2026

FACUA Andalucía impulsa junto a otras organizaciones sociales una ILP para garantizar el derecho efectivo a la vivienda en la comunidad

La iniciativa sitúa la vivienda como un derecho subjetivo y un servicio de interés general frente a su actual tratamiento como bien de mercado y especulativo.

FACUA Andalucía, junto a CCOO Andalucía, UGT Andalucía y la red vecinal andaluza, han presentado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Ley de Garantía Habitacional y Función Social de la Vivienda en Andalucía, con el objetivo de dar respuesta a la actual emergencia habitacional y garantizar el acceso efectivo a una vivienda digna, adecuada y asequible.

Las organizaciones señalan la importancia de la propuesta en un contexto en el que el mercado de la vivienda ha dejado de cumplir su función social, generando una brecha entre su precio y la capacidad económica de los ciudadanos. En Andalucía, los datos señalan que las familias deben destinar cerca del 40% de sus ingresos para poder acceder a una vivienda.

En este marco, la ILP plantea el reconocimiento de la vivienda como un derecho subjetivo exigible y un servicio de interés general alejado de las dinámicas del mercado y la especulación, para revertir así un modelo que ha convertido este derecho en un mecanismo de extracción de rentas.

El texto inciden en la necesidad de intervenir de forma directa el mercado con la finalidad de frenar la escalada de precios. Así, introduce la declaración obligatoria de zonas tensionadas, la limitación de los precios del alquilar y la compra en función de la capacidad económica de los hogares y el establecimiento de mecanismos específicos para controlar la actuación de los grandes tenedores de vivienda.

La ILP también recoge medidas destinadas frenar la proliferación de las viviendas de usos turísticos o la acumulación de viviendas vacías, como la limitación de licencias turísticas, la creación de registros de vivienda desocupada o la imposición de un canon específico para incentivar la movilización del parque inmobiliario.

Vivienda protegida

En la Iniciativa Legislativa Popular, las organizaciones hacen una apuesta por el fortalecimiento del parque público de vivienda, estableciendo la calificación permanente de la vivienda protegida de forma que se prohíba su venta a fondos de inversión, a la vez que se reserva suelo suficiente para garantizar una oferta estable.

Además, piden la creación de un Fondo Andaluz de Garantía Habitacional que permita que ninguna familia deba destinar más del 30% de sus ingresos en la vivienda, mediante la configuración de un sistema de ayudas directas e instrumentos financieros.

La ILP, además, incorpora un conjunto de medidas destinadas a reforzar la protección de los consumidores frente al resto de operadores del mercado inmobiliario. De esta forma, ahonda en el derecho a una información veraz, suficiente y transparente, en la protección frente a prácticas abusivas y fraudes, en la coordinación entre las políticas de vivienda y de consumo y en la participación de las organizaciones de consumidores en la planificación de estas políticas.

La iniciativa está abierta a que se sumen más entidades promotoras, así como colaboradoras, de modo que sea un autentico movimento de la sociedad civil.

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