FACUA · 20 de abril de 2026

FACUA Andalucía registra en el Parlamento junto a otras organizaciones sociales la ILP para garantizar el derecho efectivo a la vivienda

La iniciativa sitúa la vivienda como un derecho subjetivo y un servicio de interés general frente a su actual tratamiento como bien de mercado y especulativo.

El presidente de FACUA Andalucía, Manuel Baus, y su secretario general, Jordi Castilla, han registrado este lunes 20 de abril en el Parlamento de Andalucía junto a otras cinco organizaciones sociales la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Ley de Garantía Habitacional y Función Social de la Vivienda en Andalucía, que tiene el objetivo de dar respuesta a la actual emergencia habitacional y garantizar el acceso efectivo a una vivienda digna, adecuada y asequible.

Antes de su presentación, los representantes de las seis entidades —FACUA Andalucía, CCOO Andalucía, UGT Andalucía, la Red Vecinal Andaluz, la Plataforma Antidesahucios (PAH) y la Plataforma por la Ley Integral de Barrios Vulnerables— han dado una rueda de prensa frente a las puertas del Parlamento para explicar la necesidad de que esta ILP sea admitida a trámite.

En este contexto, la Iniciativa Legislativa Popular se configura como una respuesta de la sociedad civil frente a la situación de emergencia habitacional que sufre la comunidad autónoma de Andalucía y de la urgencia de que se configuren políticas públicas para lograr que la vivienda vuelva a cumplir una función social que actualmente no tiene.

Así, se ha generado una brecha entre su precio y la capacidad económica de los ciudadanos. En Andalucía, los datos señalan que las familias deben destinar cerca del 40% de sus ingresos para poder acceder a una vivienda.

En este marco, la ILP plantea el reconocimiento de la vivienda como un derecho subjetivo exigible y un servicio de interés general alejado de las dinámicas del mercado y la especulación, para revertir así un modelo que ha convertido este derecho en un mecanismo de extracción de rentas.

En el texto inciden en la necesidad de intervenir de forma directa el mercado con la finalidad de frenar la escalada de precios. Así, introduce la declaración obligatoria de zonas tensionadas, la limitación de los precios del alquiler y la compra en función de la capacidad económica de los hogares y el establecimiento de mecanismos específicos para controlar la actuación de los grandes tenedores de vivienda.

La ILP también recoge medidas destinadas frenar la proliferación de las viviendas de usos turísticos o la acumulación de viviendas vacías, como la limitación de licencias turísticas, la creación de registros de vivienda desocupada, la imposición de un canon específico para incentivar la movilización del parque inmobiliario y el impulso de la vivienda protegida y un parque público de vivienda.

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