FACUA celebra el nuevo expediente sancionador del Ministerio de Consumo e insta a las CCAA a actuar de una vez con los fraudes inmobiliarios
Se trata del segundo expediente que abre el ministerio de Pablo Bustinduy contra una gran inmobiliaria tras el incoado a Alquiler Seguro, denunciado por la asociación en 2023.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha incoado un nuevo expediente sancionador a una agencia inmobiliaria que opera en todo el territorio nacional por prácticas abusivas contra inquilinos como el cobro de comisiones ilegales e imponerles la contratación de servicios no solicitados.
FACUA-Consumidores en Acción celebra la actuación del ministerio de Pablo Bustinduy e insta a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas y los ayuntamientos a tomar ejemplo y actuar de una vez ante los fraudes inmobiliarios. La asociación recuerda que la inmensa mayoría de las agencias inmobiliarias operan en una sola comunidad, por lo que únicamente las administraciones de ámbito autonómico y municipal tienen competencias para multarlas si se saltan la legislación.
El secretario general de la asociación, Rubén Sánchez, expondrá a las 11.00 horas en rueda de prensa sus valoraciones sobre el expediente y el índice de irregularidades en el sector inmobiliario. Podrá seguirse en directo en el canal de FACUA en YouTube.
Se trata del segundo expediente de este tipo que se ha abierto desde el ministerio a través de la Dirección General de Consumo, después del que se incoó a finales de marzo por estas mismas prácticas abusivas a Alquiler Seguro, empresa a la que que FACUA había denunciado en 2023. Estos expedientes se enmarcan en la investigación que Consumo está llevando desde el pasado mes de octubre en el ámbito de la gestión del alquiler inmobiliario.
El nombre de la inmobiliaria expedientada en esta ocasión no ha sido dado a conocer por el ministerio. En este sentido, FACUA reclama un cambio en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para que todos los expedientes sancionadores deban ser publicados, como ocurre con los que incoa la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
