FACUA · 12 de noviembre de 2024

FACUA denuncia a la inmobiliaria Arrendamiento10 por exigir un aval por 18 meses de renta como garantía adicional para alquilar un piso

La Ley de Arrendamientos Urbanos limita a dos meses las garantías extra que pueden pedirse en un contrato de arrendamiento de vivienda habitual.

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la inmobiliaria Arrendamiento10 por exigir un aval bancario de hasta 18 meses de la renta como garantía adicional para poder alquilar un piso, pese a que la ley de arrendamientos urbanos establece un tope máximo de dos mensualidades para cualquier importe que se pacte por estas garantías más allá del mes de fianza. La denuncia ha sido interpuesta ante Kontsumobide —el Instituto Vasco de Consumo— ya que la empresa tiene su domicilio social en Bilbao.

La asociación ha podido comprobar que, en los anuncios que la inmobiliaria tiene publicados en portales de alquiler, Arrendamiento10 exige a los posibles inquilinos un aval bancario de hasta 18 meses como garantía adicional. En caso de no poder hacer frente a esa cantidad, como alternativa ofrece una especie de producto financiero llamado Aval Alquiler-Aval Personal y Solidario, cuyo estudio, formalización y gastos que conlleva deben ser igualmente abonados por el futuro arrendatario.

En este sentido, FACUA señala que el artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, señala que «las partes podrán pactar cualquier tipo de garantía del cumplimiento por el arrendatario de sus obligaciones arrendaticias adicional a la fianza en metálico«.

«En el caso del arrendamiento de vivienda«, continúa la norma, «en contratos de hasta cinco años de duración, o de hasta siete años si el arrendador fuese persona jurídica, el valor de esta garantía adicional no podrá exceder de dos mensualidades de renta«.

La asociación recuerda que en 2023 denunció a una treintena de inmobiliarias por imponer igualmente cláusulas abusivas a los posibles inquilinos, en este caso por seguir imputándoles los honorarios, pese a que la reforma de la Ley de Vivienda estableció que debían correr a cargo del arrendador. Como consecuencia de esta denuncia, la Junta de Andalucía emitió la primera sanción a una de estas agencias por vulneración de la normativa, que estableció en la escasa cuantía de sólo 1.000 euros.

Más recientemente, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 anunció que había abierto una investigación a diferentes agencias de gestión de alquiler de viviendas por haber cobrado a los inquilinos comisiones ilegales u obligar a firmar contratos temporales sin que dicha temporalidad estuviera justificada.

Así, FACUA insta a Kontsumobide que abra expediente sancionador contra Arrendamiento10 por imponer garantías adicionales por encima del límite que establece la legislación, y que le incoe la correspondiente sanción por una infracción de la normativa de vivienda.

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