FACUA · 2 de marzo de 2026

FACUA denuncia a una inmobiliaria de Tenerife por cobrar una comisión ilegal a los interesados en visitar alguna vivienda en alquiler

La empresa hace firmar a los usuarios unos documentos que recogen un supuesto "Servicio de atención al inquilino" y un "acceso a información exclusiva y especializada de Inmobiliaria Gaspar, así como la visita a los inmuebles".

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Inmobiliaria Gaspar ante la Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias por obligar a los usuarios interesados en visitar una vivienda en alquiler a cumplimentar y firmar dos documentos donde les pide abonar una comisión en concepto de «Servicios de atención al inquilino (búsqueda activa, desplazamiento y otros)» y por el «acceso a información exclusiva y especializada de Inmobiliaria Gaspar, así como la visita a los inmuebles con el personal de Inmobiliaria Gaspar».

Dicho «Servicio de atención al inquilino» que recoge el primer documento consiste, básicamente, en la mera exhibición de la vivienda y en la tramitación de la documentación necesaria para la formalización del contrato de arrendamiento.

El segundo documento hace referencia a unos supuestos servicios «de búsqueda activa y accesos a la información y publicidad web de inmuebles». Lo cierto es que no existe dicho servicio como tal, ya que la inmobiliaria obliga a firmar este escrito aún cuando el interesado ha realizado la búsqueda y especificado qué inmueble concreto le gustaría visitar. Es decir, no hay ningún servicio extra donde la empresa lleve a cabo una búsqueda personalizada en base a ciertas peticiones o características. Es el propio interesado quién, de manera autónoma, realiza la búsqueda de la vivienda en la web de Gaspar Inmobiliaria.

La asociación advierte de que no se puede calificar como un servicio de «búsqueda activa» cuando la inmobiliaria lo único que hace es anunciar inmuebles en su web, una actuación que forma parte de los costes operativos inherentes a la actividad empresarial de la agencia inmobiliaria, ya que no constituye ningún servicio adicional específico ni es algo solicitado por el arrendatario.

FACUA asegura que el arrendatario no obtiene ningún beneficio ni servicio por parte de la inmobiliaria pese a cobrarle la cuota, ya que su trabajo se limita a publicitar el inmueble para alquilar y a acompañar al potencial inquilino a visitarlo.

Esta denuncia se produce después de la sanción de 3,6 millones de euros que la Secretaría General de Consumo y Juego del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha resuelto imponer a Alquiler Seguro por imponer el cobro de un servicio de atención a los inquilinos —hecho que fue denunciado por FACUA— y otras irregularidades

Incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos

Inmobiliaria Gaspar impone este servicio accesorio para seguir imputándole los honorarios que cobraría por la formalización del contrato. Un importe que la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, estableció que debía corresponder al arrendador —ya que es con quien la agencia mantiene una relación contractual— mediante la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Así, el artículo 20 de la citada ley recoge ahora que «los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador». Pero esta inmobiliaria ubicada en San Cristóbal de La Laguna, para intentar sortear esta prohibición, inventa este «servicio de atención al inquilino» que, además, impone a los posibles inquilinos para que puedan alquilar la vivienda. Resulta especialmente revelador que el importe de dicho servicio coincida exactamente con una mensualidad de renta, más IGIC.

Asimismo, el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias deja claro que tienen la consideración de cláusulas abusivas «la imposición al consumidor y usuario de bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados».

Por todo ello, FACUA ha pedido a la Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias que investigue los hechos e incoen el correspondiente expediente sancionador, así como que inste a Inmobiliaria Gaspar a que informe de esta irregularidad a los usuarios que se hayan podido ver afectados y les restituya cualquier cantidad que haya cobrado indebidamente por este concepto.

Cualquier usuario que se haya visto afectado por esta u otras prácticas similares por parte de inmobiliarias puede acudir a la asociación para recibir asesoramiento y que defiendan sus intereses en su nombre.

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