La OCU recibe comisiones de una cadena de inmobiliarias a cambio de captarle clientes
FACUA pide a Consumo que ponga fin a este tipo de prácticas. En el acuerdo que recoge los pagos, la Organización de Consumidores y Usuarios y Renta Garantizada se comprometen a mantener "absoluta confidencialidad" sobre todos los aspectos de su aplicación.
Una sociedad instrumental vinculada a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recibe comisiones de una cadena de agencias inmobiliarias a cambio de captarle clientes, concretamente propietarios que alquilen sus viviendas. Se trata de Renta Garantizada, que opera en Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia.
Esta cadena de inmobiliarias es la última de la larga lista de empresas que pagan o han pagado comisiones a la OCU en los últimos años por conseguirles clientes, entre las que se incluyen las energéticas Repsol, Cepsa, Esfera Luz, Feníe Energía, Viesgo, Gas Natural Fenosa, Holaluz y Octopus Energy, el grupo de telecomunicaciones MásMóvil, el intermediario financiero iAhorro y la aseguradora Caser.
FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que ponga fin a este tipo de prácticas, que considera incompatibles con el deber de independencia que la ley exige a las asociaciones de usuarios. La asociación reclama al departamento que dirige Pablo Bustinduy que adopte las medidas necesarias para garantizar que las empresas privadas no financien a estas organizaciones.
Los pagos de las comisiones se realizan a una sociedad instrumental, OCU Ediciones SA, de la que la Organización de Consumidores y Usuarios solo es propietaria del 10% de las participaciones, mientras que el 90% restante pertenece a la organización belga Test Aankoop. La OCU forma parte de un entramado internacional de asociaciones y sociedades mercantiles denominado Euroconsumers, entre ellas una empresa en Luxemburgo, una fundación en Países Bajos y, hasta hace cuatro años, una sociedad en Hong Kong.
Más elevadas cuanto más caros sean los alquileres
Firmado el pasado septiembre, en el acuerdo que recoge los pagos de Renta Garantizada a OCU Ediciones SA ambas se comprometen a mantener «absoluta confidencialidad respecto a todos los aspectos de la aplicación y cumplimiento» del mismo. La OCU recibe comisiones más elevadas cuanto más caros sean los alquileres, beneficiándose así de los altos precios de la vivienda.
En su web y en sus revistas, la OCU capta clientes para Renta Garantizada con el reclamo de que los socios y simpatizantes de la organización obtendrán descuentos. Sin embargo, no informa de que el acuerdo implica el pago de comisiones para su sociedad instrumental.
El pasado 15 de diciembre, la OCU publicó una información en su web bajo el título A quién delegar la gestión del alquiler para estar seguro. En ella solo informa de una opción en el mercado, la agencia con la que mantiene el acuerdo.
El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, prohíbe a las asociaciones de consumidores en su artículo 27.d “autorizar el uso de su denominación, imagen o cualquier otro signo representativo en la publicidad comercial realizada por los operadores del mercado, o no realizar las actuaciones tendentes a impedir dicha utilización, a partir del momento en que se tenga conocimiento de esta conducta”.
El mismo artículo prohíbe a las asociaciones “realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios”. Y plantea que “a estos efectos se entiende por comunicación comercial todo acto, conducta o manifestación, incluida la publicidad, no meramente informativa, que se relacione directamente con la promoción o venta de bienes y servicios”.
Independencia
Aunque la OCU no ha hecho públicas las condiciones del convenio que recogen el pago de las comisiones, FACUA ha accedido al documento tras una solicitud a Consumo a través del Portal de Transparencia. Las asociaciones de consumidores están obligadas a depositar los acuerdos que firmen con empresas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Reacu), que en esta legislatura depende del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
“Las asociaciones de consumidores y usuarios deben actuar para el cumplimiento de sus fines con independencia frente a los operadores del mercado y a los poderes públicos”. Así lo establece el artículo 23.3 de Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
En su artículo 27, dedicado a los “requisitos de independencia” de estas organizaciones, la citada norma indica que pueden percibir “ayudas económicas” de empresas siempre que se realicen en las condiciones de transparencia reguladas en el real decreto y “no mermen la independencia de la asociación”.
FACUA considera incompatible garantizar la independencia de las asociaciones de consumidores y sus actuaciones con recibir pagos de empresas privadas que financian esas actividades a cambio de promover la contratación de sus servicios. Está claro, advierte la asociación, que en estos casos hay intereses económicos de la propia asociación que cuestionan y empañan la independencia exigida.
