FACUA · 28 de enero de 2025

¿Tienes dudas sobre el alquiler de viviendas? FACUA Sevilla las resuelve

La asociación facilita información sobre la nueva Ley de Vivienda, los cambios a la Ley de Arrendamientos Urbanos y otros datos de interés para los inquilinos.

Decidirse por alquilar una vivienda no es un proceso fácil, sobre todo en una coyuntura como la actual de incremento de precios de los alquileres, por ello FACUA Sevilla, como parte de su labor de formación, quiere dar a conocer a todos los usuarios las principales novedades que introduce la Ley de Vivienda, así como los cambios sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), y otros datos de útiles para los actuales y futuros inquilinos.

¿Qué debes saber para alquilar una vivienda?

El Decreto 218/2005, de 11 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de información al consumidor en la compraventa y arrendamiento de viviendas en Andalucía, establece la obligación de contar por parte de las empresas dedicadas a la intermediación inmobiliaria en el arrendamiento de viviendas de un documento denominado Documento Informativo Abreviado (DIA) que, debe ser entregado de forma gratuita al consumidor y con carácter previo o simultáneo a la firma del contrato, siempre que este último lo solicite. Asimismo, también se recogen aspectos relativos a esta información obligatoria en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

La norma establece que «todos aquellos establecimientos en los que se realice la actividad empresarial o profesional de venta o arrendamiento de viviendas deberán exhibir al público un cartel con la leyenda El consumidor tiene derecho a que se le entregue una copia del correspondiente Documento Informativo Abreviado de la vivienda«. Así mismo, dispone que debe ser colocado junto al cartel donde se informe de la existencia de hojas de quejas y reclamaciones y que ha de ser de igual tamaño, colocarse de forma perfectamente visible y, al menos, en castellano.

Por último, en relación a la intermediación, la LAU establece que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serán a cargo del arrendador.

¿Qué es la renta?

La renta es la cantidad que el arrendatario paga al arrendador por el alquiler del piso. La cantidad la podrán estipular de forma libre las partes, el pago será mensual y habrá de efectuarse en los siete primeros días del mes y se realizará en el lugar y por el procedimiento que acuerden las partes o, en su defecto, en metálico y en la vivienda arrendada.

En el caso de que se trate de una vivienda que se encuentra ubicada en una zona que ha sido declarada por la Administración como «zona de mercado residencial tensionado«, el importe del alquiler no podrá superar unos límites que marca la nueva Ley de Vivienda y que han provocado la modificación de la LAU para incluir dichos supuestos.

¿Cómo debe realizarse el pago?

El pago se efectuará a través de medios electrónicos. Excepcionalmente, cuando alguna de las partes carezca de cuenta bancaria o acceso a medios electrónicos de pago y a solicitud de esta, se podrá efectuar en metálico y en la vivienda arrendada.

El arrendador está obligado a entregar al arrendatario recibo del pago, salvo que se hubiera pactado que éste se realice mediante procedimientos que acrediten el efectivo cumplimiento de la obligación de pago por el arrendatario.

El recibo o documento que lo sustituya deberá contener de forma separada las cantidades abonadas por los distintos conceptos a los que venga obligado el arrendatario, específicamente, la renta en vigor.

¿Cómo se actualiza la renta?

La actualización de la renta es la facultad que tiene el arrendador de subir anualmente cantidad que el arrendatario paga en concepto de renta. Según el artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, durante la vigencia de un contrato de alquiler el precio de la renta se podrá actualizar cada año si se ha pactado de forma expresa. Antes de 2022, normalmente se actualizaba por el IPC, aunque si no se especificaba ningún índice se aplicaba la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad (IGC).

Para poder actualizar el precio del alquiler, el arrendador deberá avisar al inquilino con un mes de antelación y solo se podrá revisar anualmente.

A partir de este 2025, el precio del alquiler se actualizará según el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV), el nuevo índice creado por el Instituto Nacional de Estadística, tal y como recoge la Disposición adicional undécima de la Ley de Vivienda. Este nuevo índice para actualizar los contratos de arrendamiento se define como el valor mínimo entre la tasa de variación anual del IPC, la tasa de variación anual de la inflación subyacente y la tasa de variación anual media ajustada.

¿Cuándo será efectivo el nuevo índice del alquiler?

El nuevo índice es efectivo desde el 1 de enero de 2025. Desde esa fecha en adelante, todas las actualizaciones de contratos de alquiler se realizarán utilizando este nuevo índice, considerado más estable que el IPC.

¿Qué contratos se actualizarán con el nuevo índice del INE?

El índice se aplicará exclusivamente a los contratos de alquiler de vivienda habitual y que se hayan firmado después de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, el 25 de mayo de 2023. Los anteriores a dicha fecha se actualizarán conforme a lo que hayan establecido las partes en el contrato de arrendamiento. No será aplicable a los alquileres temporales, de habitaciones, de locales comerciales, de oficinas y de garajes y trasteros.

¿De cuánto puede ser la duración de un contrato de alquiler?

La duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes. Si fuera inferior a cinco años, o inferior a siete años si el arrendador fuese persona jurídica, llegado el día del vencimiento del contrato, este se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de cinco años, o de siete años si el arrendador fuese persona jurídica, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador, con treinta días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo.

Una vez transcurrido el primer año de duración del contrato y siempre que el arrendador sea persona física, no procederá la prórroga obligatoria del contrato cuando, al tiempo de su celebración, se hubiese hecho constar en el mismo, de forma expresa, la necesidad para el arrendador de ocupar la vivienda arrendada antes del transcurso de cinco años para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda ha modificado la LAU estableciendo unas prórrogas extraordinarias de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual en los siguientes casos:

  • Para casos de vulnerabilidad social y económica: ha de ser solicitado por el arrendatario. La prórroga extraordinaria es por un periodo máximo de un año, durante el cual se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor. Requerirá la acreditación por parte del arrendatario de una situación de vulnerabilidad social y económica sobre la base de un informe o certificado emitido en el último año por los servicios sociales de ámbito municipal o autonómico y deberá ser aceptada obligatoriamente por el arrendador cuando este sea un gran tenedor de vivienda, salvo que se hubiese suscrito entre las partes un nuevo contrato de arrendamiento.
  • Para zonas de mercado residencial tensionado: podrá prorrogarse de manera extraordinaria por un periodo máximo de tres años, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor. Esta solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser aceptada obligatoriamente por el arrendador, salvo que se hayan fijado otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes, se haya suscrito un nuevo contrato de arrendamiento con las limitaciones en la renta que en su caso procedan, o en el caso de que el arrendador haya comunicado en los plazos y condiciones establecidos, la necesidad de ocupar la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

Gastos generales y de servicios individuales

En el contrato las partes podrán pactar que los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada o a sus accesorios, sean a cargo del arrendatario.

Para que este pacto sea válido deberá constar por escrito y determinar el importe anual de dichos gastos a la fecha del contrato. El pacto que se refiera a tributos no afectará a la Administración.

En edificios en régimen de propiedad horizontal tales gastos serán los que correspondan a la finca arrendada en función de su cuota de participación.

En edificios que no se encuentren en régimen de propiedad horizontal, tales gastos serán los que se hayan asignado a la finca arrendada en función de su superficie.

Durante los cinco primeros años de vigencia del contrato, o durante los siete primeros años si el arrendador fuese persona jurídica, la suma que el arrendatario haya de abonar por estos conceptos, con excepción de los tributos, podrá incrementarse, por acuerdo de las partes, anualmente, y nunca en un porcentaje superior al doble de aquel en que pueda incrementarse la renta.

Los gastos por servicios con que cuente la finca arrendada que se individualicen mediante aparatos contadores serán en todo caso de cuenta del arrendatario.

¿Qué es la fianza?

La fianza viene impuesta con carácter obligatorio, constituyendo una obligación de entrega por parte del arrendatario y de exigencia por parte del arrendador.

La fianza se constituye para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del arrendador

  • Cuidado y conservación del inmueble arrendado.
  • De la restitución de la posesión.
  • Del pago del precio, es decir de la renta y demás cantidades que correspondan al arrendatario.

El importe de la fianza será de una mensualidad de renta en los arrendamientos de vivienda y debe ser depositado por el arrendador en la comunidad autónoma correspondiente, recayendo sobre él cualquier tipo de sanción o multa por el incumplimiento del depósito. En el caso de Andalucía el deposito se realiza en Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

Además de esta cantidad, se puede pactar la entrega de otra garantía adicional al importe de la fianza. De esta forma se podrá pedir como máximo dos mensualidades de renta en concepto de garantía adicional, por lo que si a estos dos meses le sumamos el mes de fianza obligatoria que debe entregar el inquilino, el importe máximo de garantía podrá ser de tres meses.

Por último, una vez resuelto el contrato de arrendamiento, el arrendador dispone de un mes para llevar a cabo la restitución de la fianza al arrendador, o cuando proceda, determinar el saldo que deba ser restituido (es decir una vez detraída de la fianza las rentas adeudadas y demás obligaciones asumidas por el arrendatario que con la fianza se garantizaron, por ejemplo si existen daños o desperfectos en la vivienda o mobiliario). Si transcurre dicho mes y no se ha llevado a cabo la restitución la fianza devengará el interés legal del dinero.

Ver todas las noticias

PisoSinTrampas.es está financiado por:

Gobierno de España. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana