Tras la actuación de FACUA, la Junta paraliza el desahucio de seis familias víctimas de un fraude en una finca de Casabermeja
Varios de los afectados han interpuesto en los juzgados de Málaga una denuncia por estafa y falsedad documental contra José González Rojas, en prisión por otro delito, y su pareja, la empresaria Jessica Meza García.
Tras la actuación de FACUA, la Junta de Andalucía ha paralizado el desahucio que tenía previsto llevar a cabo este martes sobre seis familias víctimas de un fraude en una finca de la localidad malagueña de Casabermeja.
Varios de los afectados han interpuesto en los juzgados de Málaga una denuncia por estafa y falsedad documental contra el exagente FIFA José González Rojas, en prisión desde el pasado 8 de junio por otro delito, y su pareja, la empresaria ecuatoriana Jessica Alexandra Meza García, que llevan años desarrollando un negocio ilegal de alquileres de parcelas con autocaravanas y viviendas portátiles en la denominada Finca Colores.
Los contratos de alquiler se han venido firmado hasta hace unas semanas a nombre de una empresa, Producciones Ecológicas del Lugar SLU, que no ejerce ninguna propiedad sobre la finca y dejó de existir en octubre de 2023 ya que Hacienda le retiró su NIF.
Técnicos de la Consejería de Fomento de la Junta acompañados de la Policía Nacional se han personado este martes en la finca. Allí han comunicado a los afectados que, tras evaluar el escrito presentado por FACUA en nombre de una de las familias y el de otra inquilina, han decidido paralizar el precinto de sus viviendas hasta que concluya el expediente administrativo abierto por las numerosas irregularidades detectadas en el negocio.
La Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana realizó una inspección en 2024 por la que se detectaron numerosas ilegalidades y sobre las que ahora han ordenado su paralización: «obras consistentes en la apertura de caminos, creación de bancales e instalación de edificaciones prefabricadas con vocación de permanencia». Todo ello en una finca no urbanizable ubicada en la Zona de Protección Territorial denominada «Montes de Málaga».
Denunciada por el Seprona por vertidos ilegales
Algunas de las irregularidades cometidas en Finca Colores fueron puestas en conocimiento de los juzgados hace dos años por el Seprona, que denunció un delito contra el medio ambiente por la emisión de residuos sin ningún tipo de tratamiento que acaban vertidos en la naturaleza, con los consiguientes daños ambientales. La causa está abierta en la Plaza número 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga.
Se trata de un negocio turístico y residencial ilegal cuyos inquilinos viven sometidos a condiciones insalubres en autocaravanas y viviendas portátiles. «Llegaron a suministrarnos agua para nuestra higiene personal ocultándonos que la habían sacado de la piscina de la casa que hay en la finca y acabé con el cuerpo lleno de hongos«, relata uno de ellos.
Otra de las afectadas cuenta que llegaron a encontrarse «un enorme bidón enterrado en el suelo rebosando de excrementos». «Los malos olores donde vivimos y en los alrededores son continuos. Fue por la Guardia Civil como nos enteramos de que las canalizaciones para la salida de los residuos de los baños de nuestras viviendas no estaban en regla».
Varias de las familias que residen en Finca Colores han optado por contratar a una empresa para que les traiga bidones de agua e instalado placas solares para garantizar el suministro eléctrico tras continuos cortes de electricidad. Cortes que en unas ocasiones se producían porque la luz de la finca estaba enganchada ilegalmente y en otras porque se negaban a pagar cantidades que consideraban desproporcionadas. «Nos cortaron la luz y el agua para intentar obligarnos a pagar cantidades disparatadas«, cuenta un inquilino. Por este motivo, González Rojas fue condenado en mayo de 2025 por delito leve de coacciones contra dos de ellos.
Jessica Meza asegura que no tiene “ninguna responsabilidad legal acreditada” sobre las irregularidades, según recoge diario.red. Pero varias de las víctimas indican que ha estado más de un año acudiendo esporádicamente a la finca para gestionar los alquileres ilegales mientras su pareja permanecía huido de la justicia en Ecuador, con cinco órdenes de detención. Finalmente, fue detenido por la Guardia Civil el pasado domingo 7 de junio y al día siguiente entró en la cárcel para cumplir la primera de las cuatro condenas firmes a prisión que tiene pendientes.
Aunque en su publicidad en numerosas plataformas aparenta ser todo un complejo residencial y turístico, en realidad Finca Colores no es más que una vivienda dentro de una finca rural alrededor de la que se han habilitado ilegalmente espacios para el aparcamiento de autocaravanas y la colocación de viviendas portátiles.
“Qué estafa más grande”. “Eviten este lugar”. “Agua de piscina vertida en el pozo donde sale luego el agua para la ducha”. “El agua sucia se acumula en la entrada y apesta”, “El calentador acabó explotando debido a un mal funcionamiento ya que no estaba en buenas condiciones”. “El camping no tiene nada que ver con las fotos. No hay baño, solo una caravana vieja y sucia sin agua”. Son algunos de los comentarios de campistas que pueden leerse en las reseñas de Google de Finca Colores, que en muchos casos son contestados con insultos y mensajes denigrantes por parte de quien gestiona el perfil.
